Hay que agradecer a la Santa Sede que haya llamado la atención sobre ”Convención de los Derechos de las personas con discapacidades”, un documento vinculante para los países firmatarios, que fue aprobado en diciembre por la Asamblea General de la ONU. En una nota de la oficina de prensa se explican las razones que llevaron a la Santa Sede a no firmar ese documento, en cuya discusión había participado activamente en los últimos cuatro años.
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El lenguaje “burocratés” de la Convención no impide que se pueda leer entre líneas y comprender su significado concreto, a pesar de los eufemismos y tecnicismos. De este modo, como sintetiza Marina Corradi, el mensaje escalofriante que se esconde “tras la prosa muy correcta y solidaria de las Naciones Unidas es: ayudémosles [a los discapacitados], protejámosles, eduquémosles, pero –cuando se esté a tiempo- eliminémosles”. Se da, en efecto, la paradoja de que en un documento pensado para proteger a los discapacitados se admite la posibilidad de recurrir al aborto en caso de malformación del feto.
El lenguaje “burocratés” de la Convención no impide que se pueda leer entre líneas y comprender su significado concreto, a pesar de los eufemismos y tecnicismos. De este modo, como sintetiza Marina Corradi, el mensaje escalofriante que se esconde “tras la prosa muy correcta y solidaria de las Naciones Unidas es: ayudémosles [a los discapacitados], protejámosles, eduquémosles, pero –cuando se esté a tiempo- eliminémosles”. Se da, en efecto, la paradoja de que en un documento pensado para proteger a los discapacitados se admite la posibilidad de recurrir al aborto en caso de malformación del feto.
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El texto final es notablemente mejor que las propuestas iniciales, gracias precisamente a la actividad de la Santa Sede y de los delegados de países como Canadá, Estados Unidos, Egipto, Uganda, Costa Rica, Filipinas, El Salvador y Nicaragua. En el bando contrario ha destacado –una vez más- la acción de los representantes de la Unión Europea. Aún así, en el artículo 23 del texto final se reconocen los derechos de los discapacitados a la planificación familiar, a la “educación reproductiva” y a los “medios necesarios para ejercer estos derechos”. En el artículo 25 se garantiza el acceso de los discapacitados a todos los servicios sanitarios, “incluidos aquellos del área de la salud sexual y reproductiva”.
El texto final es notablemente mejor que las propuestas iniciales, gracias precisamente a la actividad de la Santa Sede y de los delegados de países como Canadá, Estados Unidos, Egipto, Uganda, Costa Rica, Filipinas, El Salvador y Nicaragua. En el bando contrario ha destacado –una vez más- la acción de los representantes de la Unión Europea. Aún así, en el artículo 23 del texto final se reconocen los derechos de los discapacitados a la planificación familiar, a la “educación reproductiva” y a los “medios necesarios para ejercer estos derechos”. En el artículo 25 se garantiza el acceso de los discapacitados a todos los servicios sanitarios, “incluidos aquellos del área de la salud sexual y reproductiva”.
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Es sabido que muchos países –sobre todo occidentales- entienden el término “salud reproductiva” como derecho al aborto. Dejar en un texto de que tiene fuerza jurídica (incluso para modificar las leyes nacionales) una definición tan vaga y ambigua es ofrecerlo en bandeja a las manipulaciones e ideologías eugenésicas.
Es sabido que muchos países –sobre todo occidentales- entienden el término “salud reproductiva” como derecho al aborto. Dejar en un texto de que tiene fuerza jurídica (incluso para modificar las leyes nacionales) una definición tan vaga y ambigua es ofrecerlo en bandeja a las manipulaciones e ideologías eugenésicas.
